Tan importante como el establecimiento de precios topados por los respectivos Consejos de la Administración en los diferentes territorios del país resulta la labor de control y seguimiento a la medida por parte de las estructuras diseñadas para ello –los cuerpos de inspectores en primer lugar– y, especialmente, la fiscalización popular, lo mismo en la esquina del mostrador que a bordo de un camión de pasaje.
«Ojalá estas medidas duren y se implanten con firmeza», comentaba en fecha reciente un forista de nombre Yadier, en Ciego de Ávila, donde, según él, «las autoridades deben hacerlas cumplir» y no dejarlas solamente a merced de las «denuncias del pueblo», una petición que tiene puntos de contacto con lo que revelaba la cienfueguera Roxana Pérez, vecina del reparto La Juanita, en la Perla del Sur, para quien la población tiene que ser más activa en la lucha contras las actitudes inescrupulosas.
Una encuesta online, realizada por el periódico provincial Escambray, de Sancti Spíritus, preguntaba textualmente el pasado 29 de junio: ¿cuál de las medidas anunciadas recientemente por el Consejo de Ministros usted considera más estratégica para el país?, interrogante que se hacía acompañar de cinco opciones de respuesta: las flexibilidades otorgadas al sector empresarial, el incremento del salario en el sector presupuestado, los beneficios aprobados para la seguridad social, la prohibición de la subida de precios minoristas y las medidas dirigidas a evitar la inflación.
Llama la atención que, aun cuando el incremento salarial en el sector presupuestado alcanza a más de 1,4 millones de trabajadores –más de 42 000 personas en la provincia espirituana– y resulta obviamente de mucho agrado entre los cubanos, más del 60 % de los participantes en la consulta consideró como las decisiones más estratégicas la prohibición de la subida de los precios minoristas y las medidas dirigidas a evitar la inflación en el país.
Al amparo de la Resolución 302/2019, del Ministerio de Finanzas y Precios, los consejos de la administración municipales han sido facultados para «establecer los precios y tarifas máximas de los productos y servicios con destino a la población, a aplicar en sus territorios por trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, cooperativas agropecuarias, de créditos y servicios, unidades básicas de producción cooperativas y otras formas de gestión no estatal, de acuerdo con lo establecido».
Como en toda Cuba, la medida se ha venido aplicando paulatinamente en el centro del país: ya se encuentra en vigor en Ciego de Ávila, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus y Camagüey.
La propia normativa responsabiliza a los consejos de la administración a nivel provincial con la creación de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto, ante lo que denomina «situaciones de incrementos de precios de los productos y servicios en las formas de gestión no estatales», justamente lo mismo que está demandando el pueblo, ese actor omnipresente que todavía deberá aprender mucho de Argos, aquel guardián mitológico de cien ojos que dormía, por lo menos, con la mitad de ellos bien abiertos.
Granma pone a disposición de sus lectores la relación de algunos de los productos con precios topados por los Consejos de la Administración Provincial de varios territorios de la región central, con el propósito de multiplicar una información útil en la defensa de los derechos del consumidor y para el ejercicio del control popular.
