Los precarios digitales están en el centro de la polémica. Las ocupaciones surgidas a raíz de lo que en un principio se llamó economía colaborativa han degenerado en un nuevo estamento de trabajadores sin derecho a reclamar nada a su empresa simplemente porque esta no le considera un empleado. Las inspecciones de trabajo de Valencia y de Madrid han anunciado multas a la compañía de reparto de comidas Deliveroo por falseamiento de la figura del autónomo. Y las de Barcelona y Zaragoza se preparan para hacer lo mismo. Pero el debate en torno a la depauperación de las relaciones laborales subió un escalón esta semana después de que se hiciera público que Glovo obligará a sus nuevos repartidores a pagar una tarifa de dos euros cada 15 días.
“En los siguientes meses se implementará un modélico coste por uso de la plataforma. (…). Este será alrededor de dos euros”, informaba la compañía catalana a sus repartidores —a los que denomina glovers— en una carta publicada por Abc.
Marita Rancé, directora de Legal de Glovo, niega que se haya producido ningún cambio importante. Sí admite en cambio que en un continuo proceso “de prueba y error” han decidido que, al igual que las tiendas que distribuyen sus mercancías a través de su empresa, los ciclomensajeros también deberán contribuir a financiar “con un precio simbólico” la plataforma tecnológica. “Es una medida de negocio que tiene todo el sentido para todos aquellos players que obtengan ingresos gracias a nuestra plataforma”, se justifica Rancé en conversación telefónica con este periódico. La empresa asegura que nueve de cada diez glovers dicen estar satisfechos con su relación laboral.
Una visión diametralmente opuesta tienen en UGT, sindicato que ha denunciado a Deliveroo, Glovo, Stuart y Ubereats por hacer uso de una “relación laboral encubierta”, es decir, disfrazar de autónomos lo que en realidad son empleados de toda la vida. Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, explica la decisión de Glovo no solo como una medida para ingresar más, sino sobre todo como un intento de buscar fórmulas con las que argumentar que son meros intermediarios y no empleadores. “Es la misma estrategia de otras plataformas digitales, que tratan de resituarse tras verse acorraladas por las inspecciones de trabajo”, asegura Pino.
Glovo no está sola. UGT denuncia que Ubereats también se queda con un 10% de los 20 céntimos que paga a sus repartidores por kilómetro recorrido. A esta cantidad hay que quitar el 21% de IVA y el pago de autónomos, insiste el sindicato. "Además, también le cobran 90 euros por la mochila. Es decir, las plataformas aducen que no tienen nada que ver con los repartidores, pero estos tienen que ponerlo todo”, ironiza Pino.
Las ampollas por este modelo van más allá de los afectados, los sindicatos y las inspecciones de trabajo. La competencia de empresas tradicionales que sí tienen dados de alta a sus repartidores muestra también cierto malestar. “Nosotros operamos ajustados a la legalidad. El ofrecer unas relaciones laborales justas a nuestros repartidores, con contratos fijos y aportando la moto, el equipamiento y los seguros, nos permite contar con los mejores. Por eso creo que la ventaja es nuestra. De todos modos, ellos [las plataformas digitales] tendrán que evolucionar hacia otro tipo de modelo. Y no sé si sería sostenible”, aseguraba en una entrevista a El Economista Pablo Juantegui, presidente de Telepizza.
