La Contralora General Gladys Bejerano durante conferencia de prensa. Foto: Prensa Latina.

A percibir el Control Interno no solo como una herramienta para eliminar delitos e ilegalidades, sino como un mecanismo efectivo para lograr mayores niveles de eficiencia económica, llamó la Contralora General de República, Gladys Bejerano Portela, al dar a conocer los resultados de la XIII Comprobación Nacional al Control Interno.

Efectuada en 369 entidades de diversos sectores del país, el ejercicio de fiscalización centró su mirada en el cumplimiento de las normativas aprobadas para el Sistema Empresarial Estatal Cubano, el control y uso de los inventarios, así como a los Procesos de contratación económica.

De igual manera, las cuentas por cobrar y por pagar —en especial la cadena de impago en el sector de comercio minorista—, el control del combustible y de los pagos a privados formaron parte del ejercicio.

Según informó Alina Vicente Gainza, Vicecontralora General de la República, la muestra seleccionada responde a las operaciones del segundo y tercer trimestre del año 2018, ampliadas en algunos casos a otras etapas del año.

A su juicio, se presentaron algunas limitaciones para la ejecución de las acciones de control, las que constituyeron deficiencias y todas fueron analizadas en las entidades.

“Las de mayores riesgos se relacionan con la falta de registros primarios, documentos oficiales que amparan los actos administrativos, vulnerabilidades de los sistemas automatizados, tratamientos contables incorrectos a los inventarios y atrasos considerables en la contabilidad, lo que restringió la posibilidad de determinar faltantes y sobrantes en el conteo físico”, detalló.

Al ahondar en la evaluación de las normativas aprobadas para el Sistema Empresarial Estatal Cubano, Vicente Gainza comentó que aunque la mayoría de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) inspeccionadas trabajan en la implementación de las normativas aprobadas, “se manifiestan insuficiencias y debilidades vinculadas a la implementación del Decreto No. 335/0217 del Sistema Empresarial Estatal Cubano, relacionadas con las inobservancias de los cronogramas internos para los procesos de ejecución, capacitación, rendiciones de cuenta de los cuadros y descentralización de facultades”.

En este sentido, sobresalió que las mayores dificultades se evidencian en la ineficacia de algunas entidades decisorias que impactan significativamente en los objetivos económicos y sociales y por consiguiente en el comportamiento del PIB, entre las que se encuentran las OSDE atendidos por el MINAG, MINTUR y el MINCOM.

“Como incumplimiento relevante se identifican que los Grupos Empresariales Cubanacán S.A y Gran Caribe S.A no aplicaron el Decreto No. 335 de 2017, que define las funciones y facultades del Sistema Empresarial, porque su Organismo Superior decidió posponer su aplicación”, acotó Vicente Gainza .

La Vicecontralora reconoció también que se alcanzan discretos avances en los indicadores de eficiencia empresarial, “toda vez que la mayoría de las entidades cumplen su plan económico y van obteniendo utilidades que comienzan a impactar en su gestión”.

Otras cifras a tener en cuenta:

• Se detectaron en algunas entidades violaciones de la legislación vigente en materia de contratación, control interno administrativo y contable, en el 13 por ciento las cifras comprometidas no están sustentadas sobre bases objetivas y en el 30 por ciento se evidencia que no hay eficiencia y calidad en el Plan.
• En la mayoría de la entidades los inventarios constituyeron fuentes del Plan 2018 y 2019, solo el 9 por ciento no cumplió con la Resolución No. 156 de 2017 del MEP sobre las Indicaciones Metodológicas para la Elaboración del Plan 2018.
• En el 16 por ciento de las entidades existen incumplimientos de planes económicos.
• El 14 por ciento incumplió los indicadores directivos y límites.
• El encargo estatal no se pudo lograr en el 50 por ciento de las entidades que procede este indicador, fundamentalmente en las OSDE Ganadero y Agrícola, y en productos como: frijol de soya y maíz.

Daños económicos, corrupción e ilegalidades

Más adelante se informó que se reiteran en no pocas entidades las deficiencias e irregularidades detectadas en períodos anteriores asociadas a los procesos de contratación, cuentas por cobrar y pagar y su alto impacto en la cadena de impagos, pagos indebidos a privados y deficiente control del combustible.

Al respecto se señaló que en 29 entidades se detectaron 43 presuntos hechos delictivos y 12 presuntos hechos de corrupción.

La Contralora General de República puntualizó sobre el tema que se ponen de manifiesto fisuras y formalidad en las medidas preventivas y “poco rigor en el enfrentamiento realizado por estas entidades para combatir a las indisciplinas, ilegalidades y manifestación de corrupción”.

“En la Cadena de impagos se pudo constatar que el descontrol organizativo y administrativo de las Cuentas por Cobrar y Pagar es una de las causas fundamentales que inciden negativamente en la misma, dañan la economía, afectan la liquidez de las empresas e inciden desfavorablemente en los procesos de producción y de servicios”. agregó.

Es precisamente este último elemento el responsable del 68% de los daños económicos detectados en el período de control, con una cifra ascendente a mil 579 millones 014 mil 185 en Moneda Total (MT), así como los perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de obligaciones de pagos 23 millones 918 mil 741 MT.

Entre tanto, las pérdidas ocasionadas por incumplimientos en los planes es de 327 millones 400 mil 668 MT.

La también vicepresidenta del Consejo de Estado alertó que los incumplimientos productivos tienen diversas causas, que van desde la no llegada de materias primas, así como la falta de previsión de los directivos de las entidades.

Aclaró además que todo el daño económico no es delito, sino que otros elementos como el incumplimiento del plan se incluyen en esta categoría.

“Los perjuicios económicos constituyen los efectos provocados al patrimonio público, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros, así como los servicios sociales planificados no ejecutados. En el ejercicio práctico de las acciones de control podemos afirmar, que no todos los daños  y perjuicios económicos, clasifican como hechos delictivos o de corrupción, dado que, a los efectos de la esta resolución, los incumplimientos en el Plan de la economía y el Presupuesto del Estado, por no alcanzar los niveles de producción, ventas, ingresos tributarios y no tributarios, aportes”.

Por su parte, los Daños Económicos que se corresponden a los 12 presuntos hechos de corrupción provocaron pérdidas en el orden de un millón 537 mil 505 en moneda total (MT).

“Los presuntos hechos delictivos están asociados mayoritariamente al control de las Cuentas por cobrar y pagar (4 millones 008 mil 416 MT) y de Inventarios (830 mil 963 MT)”, comentó Vicente Gainza.

A raíz de esta situación, se han declarado a 1427 personas con responsabilidad, de los cuales a 1425 se le han aplicado medidas disciplinarias.

Igualmente se precisó que se penalizaron 98 entidades con el 50% del combustible por las violaciones detectadas. Bejerano Portela aclaró que el carburante dejado de entregar pasa a ser reserva del estado.

Al finaliza la conferencia de prensa, la Contralora General de la República insistió en que la prevención y el enfrentamiento deben ir de la mano. “Tenemos que crear una cultura del control. Las administraciones deben reconocer el papel que tiene esta actividad en la eficiencia económica de las entidades. Debemos ser justos: si malo es ser tolerante, peor es ser extremista. Hay que tener en cuenta todas las variables que propician los actos de corrupción e ilegalidades. No es momento para desfallecer, es un fenómenos complejo que necesita del enfrentamiento diario”, concluyó.