La gestión del derecho de autor en España es calificada a menudo de oligopolio. Por lo menos, de facto. Porque ocho entidades copan prácticamente todo el mercado. Y, entre ellas, la SGAE destaca y domina por socios, poder y recaudación. Ninguna de las ocho tiene ánimo de lucro, y todas han de estar creadas y dirigidas por los propios artistas, como prevé la ley. Pero el escenario está destinado a cambiar, en parte, por la reforma que el Gobierno ultima estos días. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que modifique la Ley de Propiedad Intelectual con dos claves: por un lado, aumentar el control sobre las tradicionales entidades de gestión; por otro, forzar el sector a dar un paso hacia la libre competencia, en línea con los deseos de la Unión Europea.
El Real Decreto, que tendrá que pasar por el Congreso, otorga más poder a las asambleas de los socios de las entidades frente a sus directivos y, sobre todo, les impone un órgano de control interno, según fuentes conocedoras de la negociación. Para las entidades que recauden más de 100 millones —es decir, la SGAE—, el comité habrá de incluir varios miembros externos. Para las otras, los componentes serán todos internos, pero no podrán ocupar cargos directivos en la entidad. El ministerio de Cultura supervisará a los controladores, harto de tantos años de escándalos en la SGAE.
A la vez, el texto establece otra pauta fundamental. Los autores españoles podrán encargar la gestión de algunos de sus derechos a compañías privadas, con ánimo de lucro y sin la obligación de tener creadores en sus equipos directivos, así como a entidades de gestión extranjeras. La reforma imagina un escenario donde un artista tenga ante sí varias ofertas para escoger. Incluso podrá distribuir distintos derechos entre varios operadores. Y tendrá más facilidades para abandonar a una entidad o revocarle, total o parcialmente, su autorización: la reforma quiere que el plazo nunca supere los seis meses.
En parte todo ello ya ocurría, pero en dosis reducidas y en un limbo. El Real Decreto quiere aclararlo y armonizarlo. Precisamente lo que deseaba la UE cuando adoptó, el 4 de febrero de 2014, una directiva sobre la gestión colectiva en sus 28 Estados. Bruselas dio dos años de plazo a sus miembros para transponerla en su ordenamiento, pero España hace tarde los deberes. El Ejecutivo en funciones y el inmovilismo institucional impidieron el avance, hasta el punto de que la Comisión propuso en diciembre de 2017 sancionar a España por sus retrasos. Mientras la justicia europea responde, la directiva llega al fin al sistema español.
Hay compañías que no ven la hora. “Los clientes tienen que poder escoger qué derechos dar a qué empresa por qué territorio”, asevera Jordi Puy, directivo de Unison, con sede en Barcelona. “España es un país al que miramos atentamente. Creemos que 2018 puede ser el año correcto”, agrega Davide D’Altri, uno de los responsables de Soundreef, que cuenta con 11.000 socios en Italia, donde empezó a operar. Otras empresas privadas también aguardan a la letra pequeña del Real Decreto para entender sus opciones en el mercado español.
Un amplio abanico de derechos, los considerados “de gestión colectiva obligatoria”, quedarán en manos de las entidades tradicionales. Entre otros, la recaudación de la compensación por la copia privada, el antiguo canon digital, o el dinero que genera para un creador la emisión de una obra suya en radio o televisión. Para los demás, llamados “de gestión individual”, habrá competencia con los privados. El cobro del derecho del autor de una fotografía empleada en la portada de un libro o el de un compositor que permita que su partitura se use en la banda sonora de un filme ya no tendrá necesariamente que hacerse a través de una de las ocho entidades tradicionales. Los operadores privados tendrán que comunicar a Cultura el comienzo de su actividad en España y estarán expuestos a un régimen sancionador, aunque aligerado.
En todo caso, años de mala gestión en la SGAE les ofrecen a los nuevos operadores un terreno fértil para sembrar cuando menos la duda en la mente de muchos autores. “La SGAE o la SIAE [su versión italiana], tal y como se concibieron, como entidades colectivas con un control del territorio, eran algo necesario y justo. Pero la tecnología ha dado pasos agigantados mientras que estas estructuras se han quedado atrás”, denuncia D’Altri, que ya en su país tuvo que afrontar batallas verbales y legales con la SIAE. Las herramientas avanzadas, junto con la máxima transparencia, son las principales promesas de los operadores privados frente a la SGAE.
Puy destaca que Unison cuenta con profesores universitarios y expertos en Propiedad Intelectual, emplea la tecnología puntera blockchain y promete un modelo “de pago por uso efectivo”. “El usuario va a tener información actualizada de su obra cada 24 horas”, añade. Y D’Altri garantiza: “Solo repartimos los ingresos sobre una base analítica. El autor debe poder entrar en su cuenta y ver claramente cuándo y dónde ha ganado. Y los pagos nunca pueden llegar más tarde de 90 días”. Golpes que pueden sacudir los pies de barro del coloso SGAE. Para algunos expertos, la entidad tiene una última oportunidad para reaccionar y ser más eficaz. Para otros, ya es demasiado tarde: es el principio de su fin.
